Aportación anticipada al acto de juicio y traslado de la prueba en el proceso social tras la LO 1/2025, de 2 de enero. Eficiencia procesal, digitalización del proceso y tutela judicial efectiva

Resumen

El impacto de las tecnologías de la información y comunicación en las sociedades actuales resulta una realidad de la que la rama social del Derecho no puede abstraerse. Las relaciones personales, económicas y laborales han sufrido una absoluta transformación fruto de la digitalización de los procesos productivos y del modo en que el binomio ser humano-máquina afecta nuestro modo de vivir y relacionarnos. Dicho impacto, exponencial e incrementado en sus cambios ante el protagonismo de la inteligencia artificial, ha tenido un claro reflejo en la organización judicial, el modo en el que la ciudadanía se relaciona con la Administración de Justicia como servicio público y la adaptación del proceso social y sus instrumentos de gestión a la realidad tecnológica.

En el presente trabajo, examinando antecedentes normativos (en especial el Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre en su nueva regulación del servicio público de justicia) y judiciales se abordará la cuestión relativa a la modificación introducida por la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en la regulación procesal de la aportación y traslado de la prueba en el proceso social. Y ello en especial ante la nueva regulación del art. 82.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social-LRJS en su afectación al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de «igualdad de armas» procesales como tutela del ejercicio del derecho de defensa, proponiendo soluciones interpretativas y prácticas en la materia.