Conducta empresarial responsable, derechos fundamentales y desarrollo sostenible: comparación crítica de las tendencias legislativas contemporáneas

Resumen

El principio de la responsabilidad de las empresas por los daños causados por sus actividades, incluidas las gestionadas en la cadena de valor en el extranjero, se basa en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este principio se consagra en normas como las que garantizan a las víctimas de violaciones de derechos fundamentales causadas por una empresa situada en un país del Sur Global el acceso a la justicia en el país donde se encuentra la empresa que encabeza la cadena de actividades. La competencia de la autoridad judicial del país occidental garantiza la previsibilidad, una mejor evaluación de los riesgos de la actividad de la empresa y neutraliza el dumping socioambiental.

La existencia de una amplia gama de normativas jurídicas afecta a todas las empresas que, debido a sus actividades, se ven obligadas a pagar indemnizaciones, en particular las que se desarrollen en el mercado de trabajo en el extranjero. El 25 de julio de 2024 entró en vigor una directiva europea (2024/1760) sobre la responsabilidad de las empresas. El objetivo de la directiva es garantizar que las empresas incluidas en su ámbito de aplicación identifiquen y prevengan los impactos negativos de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente, dondequiera que tengan lugar, y contrarrestar su capacidad de aprovechar la diversidad legislativa para hacer negocios. La directiva es un instrumento bienvenido para regular la responsabilidad de las empresas. Sin embargo, aun celebrando la consagración del principio de responsabilidad de las empresas por la directiva, se sugiere que algunas de sus soluciones y planteamientos puedan modificarse o mejorarse en el futuro.